Informe Especial de la Fundación Saldarriaga Concha
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En Colombia, entre enero y agosto de 2012 se reportó el 81% del total de los casos de violencia contra las personas con discapacidad registrados en 2011.
* Los departamentos en los que se registran los índices más altos de violencia hacia las personas con
discapacidad son: Bogotá (21,7%); Antioquia (20%); Valle del Cauca (11,7%) y Cesar, Cundinamarca y
Tolima (5%).
*Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los niños con discapacidad sufren actos de violencia
física o sexual con una frecuencia casi cuatro veces mayor que los que no tienen discapacidad.
Bogotá, D.C. 08 de noviembre de 2012. La violencia contra las personas con discapacidad es una problemática que por años ha estado oculta en la sociedad colombiana por cuenta de la desinformación, la estigmatización, la discriminación social y el desconocimiento sobre los derechos de este grupo de la población que, de acuerdo con las proyecciones del Dane, representa el 6,4% del total de colombianos. No obstante, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Profamilia- ENDS de 2010, indica que este porcentaje asciende en el país al 7%.
El Estado colombiano debe fortalecer herramientas adecuadas para determinar la magnitud exacta del número de personas con discapacidad que diariamente se ven expuestas a múltiples tipos de maltrato y abuso tanto físico, sexual y psicológico por parte de la sociedad.
La labor que realizan entidades como el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, permite conocer una muestra de esta realidad. De acuerdo con esa institución, durante el año 2011 se registraron en el país 74 casos de violencia física contra las personas con discapacidad, entre homicidios, lesiones personales, delitos sexuales y hechos de maltrato intrafamiliar. Entre enero y agosto de 2012, el Instituto reportó 60 casos de violencia, es decir, que en ocho meses de este año se ha alcanzado el 81% de los registros presentados en 2011.
Los departamentos en los que se registran los índices más altos de violencia hacia las personas con discapacidad son: Bogotá (21,7%); Antioquia (20%); Valle del Cauca (11,7%) y Cesar, Cundinamarca y Tolima (5%).
El hecho de que no haya en el país información suficiente que dé cuenta de esta problemática, no quiere decir que estas personas no la vivan. Un análisis realizado por la Fundación Saldarriaga Concha y la Agencia PANDI sobre la información que 22 medios de comunicación divulgaron sobre el tema, reveló que de 700 noticias sobre discapacidad publicadas entre el 1 de abril de 2011 y el 31 de marzo de 2012, el 23,8% de los artículos (158), tuvo como tema central la violencia contra esta población, lo que da cuenta del subregistro que existe en el país de esta situación.
Diana Patricia Martínez, líder de Educación de la Fundación Saldarriaga Concha, señala que “La violencia se manifiesta de muchas formas, que para las personas con discapacidad puede ser entendida como la discriminación y exclusión de la cual son objeto con frecuencia. El hecho de no lograr una participación activa en el entorno donde viven y se desarrollan ya es una forma de violencia”.
Martínez agrega que “Las personas con discapacidad tienen derecho a no ser discriminadas, a no ser objeto de violencia física, sicológica o de cualquier tipo, para lograrlo se requiere del compromiso de la sociedad en general, aquella sociedad que es capaz de respetar sus derechos y facilitar su participación”.
Un vacío institucional
Especialistas en el tema de discapacidad y representantes de instituciones estatales son conscientes de la
carencia de información y estadísticas que hay entorno a la violencia de las personas con discapacidad en el país. Por ello, muchas de ellas han tenido que acudir a estudios en otros países para poder analizar el tema a partir de las características del contexto colombiano, y conocer así un poco el impacto del mismo.
Una investigación sobre la problemática realizada por el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social – PAIIS, de la Universidad de los Andes y la Fundación Saldarriaga Concha nació precisamente por el interés de conocer cuál es la situación de las personas con discapacidad que son agredidas y cuál es la respuesta del Estado frente a ello.
Andrea Parra, directora de PAIIS manifiesta que como resultado de esta investigación, “Se enviaron 84 derechos de petición a diferentes entidades del país como comisarías de familia, Consejo Superior de la Judicatura, el CAIVAS, CAVIF, Medicina Legal, Defensoría del Pueblo, entre otras, en las que preguntábamos sobre estadísticas que registraran específicamente la violencia sexual, qué normatividad la rige y qué seguimiento hacen a las personas afectadas, entre otras”.
La directora de PAIIS asegura que este proceso permitió evidenciar que “en el país existe un enorme subregistro, ni siquiera a estas entidades llegan las denuncias porque hay una falta de información y orientación hacia las personas con discapacidad y sus familias sobre cómo denunciar y a quién llamar, ello sin contar que no hay formatos precisos que permitan cómo acceder a las autoridades correspondientes”.
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Para Andrea Parra, esta situación responde a un claro desconocimiento por parte del Estado sobre los derechos de las personas con discapacidad. “Considero que la ratificación de la Convención (sobre los derechos de las personas con discapacidad) por parte de Colombia exige al Estado adoptar las medidas necesarias para que sus agentes e instituciones empiecen a integrar una perspectiva de derechos en sus funciones y esto claramente no existe”.
“Las instituciones del Estado deben recibir formación necesaria y este debe asumir la responsabilidad que tiene con esta población. El hecho de que la información sobre la problemática esté tan disímil entre las entidades hace que sea imposible identificar necesidades para construir políticas públicas en respuesta a la violencia sexual y en general puesto que para ello es fundamental que se financien estudios, análisis y se deben contar con estadísticas precisas”, concluye Parra.
En este contexto, María Inés Bohórquez, profesional especializada en discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social, corrobora lo planteado por PAIIS en cuanto a que en Colombia no existe información ni estadísticas que permitan conocer la violencia real que afecta a estas personas. No obstante, la funcionaria
manifiesta que desde el Ministerio se han desarrollado desde algunos años diferentes proyectos que pretenden incidir en la transformación de los imaginarios sociales y culturales que hay sobre la discapacidad los cuales ayuden a modificar los comportamientos permisivos y violentos hacia esta población.
“Con estos proyectos buscamos prevenir los factores de riesgo. Por ello, a través de la generación de campañas y estrategias buscamos que se dé la aceptación a la diferencia y el buen trato lo que ayude a disminuir la violencia hacia las personas con discapacidad. De igual manera, se busca promover el acceso a las rutas de atención por parte de las víctimas con información accesible, así como con el fortalecimiento de redes sociales y de apoyo”, asegura Bohórquez.
Las personas con discapacidad y su contexto de vulnerabilidad
Cualquier ciudadano, hombre, mujer, niño, niña, adolescente o persona mayor está expuesto a ser víctima de cualquier tipo de maltrato, abuso o agresión. No obstante, las personas con discapacidad presentan un mayor nivel de vulnerabilidad puesto que la condición de exclusión y abandono que muchas de ellas se encuentran las hace estar en riesgo de ser agredidas por algún familiar, cuidador o desconocido.
Estudios llevados a cabo en países como Estados Unidos y Canadá dan cuenta de que las mujeres y los niños con discapacidad son quienes se encuentran en un nivel mayor de vulnerabilidad, así como la discapacidad de tipo cognitivo es la que se ve más afectada por el maltrato y la violencia. “Documentos académicos muestran que la incidencia de violencia sexual hacia mujeres con discapacidad sobre todo en la cognitiva es mucho más alta que en mujeres sin discapacidad, en algunos casos se documenta hasta cuatro y 10 veces más”, menciona Andrea Parra, directora del Programa PAIIS.
Entre tanto, una revisión realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a mediados del presente año evidenció que los niños con discapacidad sufren actos de violencia con una frecuencia casi cuatro veces mayor que los que no tienen discapacidad. La OMS atribuye que los factores de riesgo se incrementen cuando se tiene una discapacidad debido al estigma social, a la discriminación y a la ignorancia que la
sociedad tiene frente a la discapacidad, así como la falta de apoyo para las que personas que cuidan de ellos, que muchas veces son familiares.
Según Elsa Castañeda, especialista en niñez y primera infancia, las personas con discapacidad en especial las niñas y los niños durante muchos años no han sido considerados como sujetos de derechos por cuenta de estar ocultos, apartados y por no contar con las mismas oportunidades de desarrollo como cualquier otro menor de edad.
“Hay que sensibilizar a esta sociedad sobre lo que significa la discapacidad, hay que prevenir y esto se logra en parte con la educación de padres y de la sociedad en general sobre lo que es la discapacidad. Hasta hace muy poco las familias empezaron a creer en sus hijos como ciudadanos que tienen derechos y que pueden compartir y participar activamente de la sociedad lo que disminuiría los riesgos de maltrato y violencia”, afirma Elsa Castañeda.
Paola Andrea Rueda, especialista en Psicología Jurídica está de acuerdo con lo mencionado por Castañeda en cuanto hablar sobre discapacidad en una sociedad como esta es bastante complicado, teniendo en cuenta la concepción equivocada que se tiene sobre ella. Por ello, “es importante que todas las instituciones tengan que estar en la capacidad de atender a las personas con discapacidad pasando del discurso a lo real, manejando un enfoque de derechos para lograr así a través de programas especializados una mirada diferencial y un país para todas y todos”.
Más allá de la violencia física y la agresión sexual
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Para al especialista Elsa Castañeda, “existe otro tipo de violencia que hace más daño y el cual está arraigado en el fondo de los seres humanos que es la violencia simbólica. Esta se da cuando a los niños y a las personas con discapacidad no se les permite acceder a la educación, a la salud, es decir, cuando son vulnerados sus derechos.Ahí hay una violencia muy fuerte puesto que esta es una sociedad que no acepta la diferencia y aún estamos lejos de que aceptemos y reconozcamos a estas personas como sujetos de derechos”.
A lo mencionado por Castañeda se suma la profesional Especializada en discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social, María Inés Bohórquez quien agrega y refuerza que “en la realidad de estas personas existen expresiones violentas que van de mano de la estigmatización, las actitudes negativas hacia la diversidad que se traducen en actitudes de rechazo, a la discriminación, la humillación, el desdén y todo aquello que tiene ver que con la no equiparación de oportunidades lo cual va en contra de aquello que está contemplado por la Convención”.
El denunciar una oportunidad para cambiar
Familiares, cuidadores y las propias personas con discapacidad deben saber que tanto a nivel nacional como internacional existe un amplio portafolio legislativo que las protege frente a cualquier tipo de violencia. No obstante, un paso importante para garantizar sus derechos y para que este tipo de problemáticas sea cada vez más visible en la sociedad y se puedan tomar acciones para prevenirla, es el denunciar.
Los especialistas en el tema han coincidido en que para generar un cambio político – social en el país el cual permita prevenir, atender y combatir la violencia hacia las personas con discapacidad se debe, entre otras, contar de una voluntad de Estado que oriente a sus instituciones en la divulgación de información preventiva así como en la consolidación de herramientas que permitan a esas entidades hacerle seguimiento transparente y preciso a esta problemática. De igual manera, el denunciar es la base para la obtención de estadísticas lo que posteriormente se constituiría en uno de los insumos principales para demostrar que esta es una problemática que requiere del compromiso de todo el Estado.
PARA TENER EN CUENTA…
El Programa PAIIS diseñó una cartilla informativa: http://www.paiis.org/index.php?option=com_content&
view=article&id=156:conozca-susderechos&catid=2:noticias-generales&Itemid=29 con el propósito de que las personas con discapacidad y sus familias conocieran cómo denunciar, a quien acudir, a quién llamar, a quién dirigirse y con ello poder comprender que el Estado tiene la obligación primero en protegerlas y luego ayudarlas y orientarlas frente a cualquier tipo de maltrato.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GfdQ60ixzcU#at=12
